KEN ROBINSON, El elemento, 2009: “En los sistemas educativos se produce una creciente dependencia de determinados tipos de evaluación. Se somete a los niños a una presión enorme para que cumplan los niveles cada vez más altos de una reducida serie de pruebas estandarizadas...”

Una profecía autocumplida o autorrealizada -expresión creada por el sociólogo Robert K. Merton- es una predicción que, una vez enunciada, es en sí misma la causa de que se haga realidad debido a que se desencadenan una serie de circunstancias favorables para que se cumpla. Un ejemplo típico es pronosticar la quiebra de un banco; esto provocará una gran alarma entre sus clientes, que irán a retirar masivamente los depósitos, haciendo que la entidad financiera no le quede más remedio que declararse en bancarrota. Otro ejemplo, en el campo de la educación, es el llamado efecto pigmalión, demostrado por Rosenthal a través de un experimento que realizó en una escuela. Este término procede de un mito griego, según el cual se relata cómo un escultor llamado Pigmalión se enamora de una de sus propias creaciones, Galatea, una estatua que encarnaba a la mujer de sus sueños. Afrodita, accediendo a las plegarias de Pigmalión, le otorga vida a la estatua. Valiéndose de este símil, el citado investigador llegó a la conclusión de que las expectativas de un profesor influyen en el comportamiento de los alumnos. Este efecto se explicaría por el hecho de que los profesores, consciente o inconscientemente, se forjan opiniones acerca del rendimiento de los diferentes alumnos y, en consecuencia, los tratan de forma distinta de acuerdo con dichas presunciones. Es posible que el profesor, a los alumnos que considera más capacitados, les dé más y mayores estímulos, con lo que responderán de forma positiva, esforzándose más, confirmando así el presentimiento del profesor. Lo contrario ocurriría si el profesor tiene un mal concepto de un

alumno, se implicará menos en su proceso de enseñanza y el esfuerzo del alumno se resentirá. En definitiva, la profecía autocumplida es uno de los sesgos en que incurrimos los humanos al comportarnos según nuestras expectativas, que, asimismo, influyen en la actitud de otros para que se cumpla. Este prejuicio es aún más acusado en los políticos, que actúan condicionados principalmente por su ideología. Ése es el modo de proceder de las autoridades educativas en este último año, que, primero, se dedicaron a transmitir a la sociedad el mensaje de que el sistema educativo español no funcionaba y, a continuación, aplicaron recortes que redundaron en el deterioro de la calidad. De esta manera se fueron sentando las bases para justificar la necesidad de reformarlo todo, de arriba abajo, de acuerdo con un sesgo ideológico, el pensamiento neoliberal.

Los sectores neoliberales consideran que la educación, al igual que todos los servicios públicos, se tiene que regir por criterios económicos, especialmente, por la eficiencia y la competitividad, para lo que promueven la gestión privada de los mismos, ya que, según ellos, de esta forma se consiguen mejor dichos objetivos.

Es fácil constatar que el anteproyecto de la LOMCE se ha elaborado inspirándose en esta corriente del pensamiento; sólo hace falta analizar algunos de los fundamentos sobre los que se asienta esta ley, como el principio de libertad de elección de centro y la concepción de la calidad educativa, que, para los redactores del borrador, debe medirse en función del “output” (resultados de los estudiantes) y no de los “inputs” (recursos).

La libertad de elección de centro docente constituye el núcleo básico de las políticas educativas neoliberales. Se presenta como un derecho que tienen los padres a elegir libremente la educación que consideren más adecuada para el desarrollo intelectual y moral de sus hijos. Expresado así, difícilmente se puede encontrar a alguien que plantee objeciones a esta declaración de buenas intenciones. Incluso, por si acaso quedaba algún escéptico, se añade que, de este modo, se va a garantizar la igualdad de oportunidades, por la posibilidad que ofrece a los sectores sociales más desfavorecidos para elegir mejores escuelas que las que actualmente tienen en los barrios periféricos.

No obstante, al enumerar las finalidades que se persiguen se aducen razones que reproducen fielmente la lógica del libre juego del mercado y la competencia, con lo que la educación parece que se coloca únicamente al servicio de la economía. Según sus impulsores, la libertad de elección de centro favorecerá fundamentalmente la consecución de los siguientes objetivos: a) la mejora de la calidad, b) el incremento de la variedad de ofertas y c) la reducción de los costes. La mejora de la calidad se conseguirá gracias al establecimiento de la libre competencia entre los centros docentes, es decir, al esfuerzo de éstos por asegurarse el alumnado que garantice su existencia, una cuota de mercado lo más amplia posible, un prestigio social o el acceso a determinados fondos públicos. La diversidad de ofertas educativas se logrará como consecuencia de la necesidad, impuesta por el mercado educativo, de que los centros diferencien sus proyectos como hacen las empresas con sus productos, y, así, se ajustará la oferta a la demanda. La reducción de los costes se alcanzará gracias a la gestión más racional de los recursos existentes, para lo que competirán los centros públicos y los centros concertados.

Expuesta la teoría, hay numerosos estudios realizados en los países en los que se ha implantado la libertad de elección y la zona única que no hacen sino confirmar lo que indican la lógica y el sentido común, a saber:

- Las dos primeras razones que determinan la elección de un centro docente son el emplazamiento y la composición social del alumnado, con lo que la aplicación de este principio parece tener un efecto estratificador en función de la clase social y la raza.

- No son los padres los que eligen realmente centro, sino unos pocos centros los que eligen a sus alumnos; los centros que tienen mayor demanda son los que seleccionan a los alumnos, y los demás recogen a los que aquéllos hayan desechado.

- Se intensifican las desigualdades sociales existentes, ya que los padres mejor informados, generalmente de mayor nivel económico, son los que llevan a sus hijos a las mejores escuelas.

- Los centros de baja calidad no desaparecen; al contrario, pierden los mejores alumnos, y tienen que acoger a los de menor rendimiento académico, a los más conflictivos, a los más necesitados de atención individualizada y, en definitiva, a los que implican mayor coste y dedicación, sin disponer de medios y recursos para hacer frente a esta situación, con lo que su calidad desciende, degradándose todavía más.

- No es posible acomodar en un corto plazo la oferta a las evoluciones de la demanda, es decir, no se pueden ampliar de forma inmediata aquellos centros docentes que tienen una demanda más alta y cerrar aquéllos otros poco demandados.

- Tampoco hay ningún dato concluyente en estos estudios que pruebe la reducción de costes cuando se implanta este principio, sino que, en algunos casos, ha ocurrido todo lo contrario. Lo que sí se ha producido es un trasvase de recursos de los centros públicos a los centros de titularidad privada.

En definitiva, las consecuencias reales han sido en determinados casos justamente las opuestas a las que mantienen sus promotores. Teniendo en cuenta todo lo anterior, tras las opciones ideológicas que proponen el establecimiento de un clima de competitividad entre los centros docentes y la consiguiente libertad de elección de centro, para muchos, se esconde una apuesta firme por la potenciación de los conciertos educativos y por la privatización, intención que vuelve a hacerse patente al desgranar los otros postulados que sustentan la proyectada reforma educativa.

Como ya se ha dicho anteriormente, para los ideólogos de la LOMCE, el sistema educativo y la educación atraviesan hoy una profunda crisis, que no es de generalización o extensión, es decir, de cantidad, sino de calidad y de eficiencia. Tampoco es una crisis producida por la falta de recursos. Estos son suficientes, según ellos, incluso más que suficientes ya que cada vez llegan a las aulas menos niños y niñas. Opinan que se trata de una crisis gerencial, de gestión, cuya solución precisa un empleo eficiente y productivo de los recursos asignados, no su incremento.

Por eso proponen que, para mejorar el sistema, una vez constituido el mercado educativo competitivo, se debe llevar a cabo la evaluación de los centros docentes, como un instrumento que sirva para la asignación de recursos -bajo la creencia de que se esforzarán al máximo por conseguir más recursos-, y el establecimiento de un “ranking” público, en función de los resultados académicos obtenidos por los alumnos, a fin de orientar a los padres en su elección. En estos planteamientos se emplean de forma conjunta e indistintamente dos conceptos de calidad educativa distintos. Uno es el de la calidad como satisfacción de las familias. Según esto, lo único importante es que el alumno y los padres se sientan satisfechos con el servicio recibido. Si están satisfechos, la calidad es alta, si no lo están, la calidad es baja. La calidad, por tanto, no es algo que se refiera al servicio en sí mismo, sino a una sensación o satisfacción subjetiva de las personas que demandan el servicio educativo en cuestión. Si no están contentos lo que tienen que hacer es dejar ese centro docente y elegir otro. Como en el caso de las empresas, las técnicas de marketing y de promoción adquieren gran relevancia en este contexto con objeto de dar a conocer la oferta diferenciada de cada centro y proyectar una buena imagen ante la sociedad. El otro concepto de calidad al que también se recurre es el de la calidad como medida del rendimiento académico o de los resultados. Y es justamente este concepto de calidad, de índole supuestamente más objetiva, el que sirve, como antes se dijo, para elaborar un “ranking” de los centros privados y públicos, que oriente a los padres, y para tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos públicos, dando más a los que mejores resultados obtengan. Este es, además, el concepto de calidad que sustenta la tesis del descenso del nivel académico del alumnado que los sectores neoliberales vienen sosteniendo en las últimas décadas, y que, precisamente, la utilizan como justificación para defender una mayor intervención gubernamental en el ámbito del currículo, algo que pone de manifiesto un claro afán de adoctrinamiento y entra en contradicción con los principios de desregulación y de autonomía de los centros, que dicen defender a ultranza.

A propósito del principio de autonomía, en su versión neoliberal se utiliza para hacer que la calidad pase a ser responsabilidad exclusiva de los centros docentes, es decir, de los profesores y, sobre todo, de la dirección del centro docente. El director se convierte en un gerente, cuyo éxito se mide comparando los resultados académicos de su centro con los de otros y, sobre todo, con la mayor o menor demanda o cuota de mercado que se alcanza. El centro docente, con independencia de su titularidad pública o privada, es considerado como una empresa en un mercado competitivo, en el que los mejor gestionados son, teóricamente al menos, los más demandados (o en el que, si se prefiere, los más demandados son los mejor gestionados y los que mejores resultados obtienen). Desde esta perspectiva se desplaza la cuestión de la calidad de la educación del ámbito político o público al privado o particular del centro educativo.

El trasfondo ideológico del neoliberalismo es un neodarwinismo en el que la sociedad selecciona “naturalmente” a los mejores, en el que la cuestión de la desigualdad deja de ser un asunto social que deba preocupar a los gobiernos, y en el que el éxito y el fracaso sociales son una responsabilidad individual, privada. Los mejores triunfan porque saben competir y porque son mejores, o, si se prefiere, la prueba de que son mejores es precisamente que triunfan. Los peores, a su vez, fracasan porque no saben competir y no toman las decisiones adecuadas. La prueba de que son peores es justamente ésa, que fracasan. La responsabilidad es suya y cada uno, en el fondo, tiene lo que se merece.

Finalmente, en la LOMCE, la evaluación va a tener un marcado carácter normativo y restrictivo. La evaluación será normativa, porque su objeto será seleccionar a los centros educativos y a los alumnos, incluso de etapas obligatorias. Evaluar con referencia a una norma significa comparar el resultado del individuo con los resultados de una población o grupo a los que pertenece. Este tipo de evaluación se utilizará para ubicar a los alumnos y, en consecuencia, a los centros en escalas de rendimiento y atribuirles un lugar dentro del grupo. Y, además, será restrictiva porque se centrará en el examen y la consiguiente calificación y clasificación, primero, de los alumnos, y, en base, exclusivamente, a estos resultados, también de los centros, sin tener en cuenta las circunstancias socioeconómicas del contexto en el que se

desenvuelven. Por consiguiente, la LOMCE pone gran énfasis en la evaluación sumativa, desapareciendo, de este modo, la función formativa de la evaluación, en el sentido de que deja de servir para señalar cómo se puede mejorar el proceso educativo. Para reforzar más este rasgo, se introduce la reválida, que se va a utilizar como mecanismo de control externo del profesorado, a través de los resultados de sus alumnos, y va a suponer una segunda barrera para el alumnado. Aprobar la reválida va a ser condición indispensable para obtener el título de graduado en ESO y de Bachiller, confirmando, así, la eliminación de la evaluación continua, ya que no se va a tener en cuenta el esfuerzo o el trabajo diario del alumno.

Los exámenes son necesarios, pero, en sí mismos, sólo son útiles como parte de un diagnóstico del proceso educativo. Si se utilizan correctamente pueden proporcionar información fundamental para mantener y mejorar la educación. El problema se origina cuando esas pruebas se convierten en algo más que una simple herramienta educativa y pasan a ser el centro de la educación. Las pruebas de evaluación por sí solas no mejoran la educación ni reducen el fracaso escolar que se quiere combatir. Es como si para engordar nos soltamos el cinturón un agujero más. La mejora de la calidad y la reducción del fracaso escolar se conseguirán enriqueciendo y diversificando el proceso de enseñanza, previo a la prueba, con objeto de favorecer el progreso del alumnado. En este sentido, se han hecho diversos estudios que señalan el impacto negativo del exceso de exámenes sobre la moral de los alumnos y de los profesores. Uno de los efectos principales es que se pone freno a la innovación y a la creatividad en la educación. Los profesores se centran principalmente en la preparación de los exámenes en vez de dedicarse a enseñar.

Pero, al margen de las repercusiones en la educación, los exámenes son un gran negocio, que reportan cuantiosos beneficios a las compañías privadas que crean, administran y califican los exámenes. En conclusión, se trata de otro ejemplo flagrante de profecía autocumplida. Primero se da por sentado que el actual sistema educativo es obsoleto, ineficaz de cara a las exigencias del mercado y, sobre todo, insostenible en tiempos de crisis; y, a continuación, se han ido creando las condiciones propicias para que se produzca la reforma hacia el modelo que desean nuestros gobernantes. Las expectativas que manejan básicamente consisten en que, una vez depauperada la escuela pública como consecuencia de esta política, sólo resta divulgar sus pobres resultados para fomentar el progresivo desplazamiento de la demanda social de los centros públicos a los privados, lo que justificaría la extensión de los conciertos a los segundos para adecuar, como mantienen los neoliberales, la oferta a la demanda. No creo que se persiga la desaparición del sector público, sino que, más bien, se pretende que los centros públicos se centren en atender, sobre todo, al alumnado con necesidades educativas o con dificultades de aprendizaje, es decir, a quienes sean rechazados por el sector privado o no hallen acomodo en el mismo, así como que se mantengan como la única opción existente para dar servicio a aquellas zonas, como las rurales, que no son rentables para la iniciativa privada.

Para finalizar, voy a referirme a aquellos expertos que opinan que la educación no necesita que la reformen, sino que es necesario que la transformen. Éstos declaran que la clave para esta transformación no es estandarizar la educación sino personalizarla, con objeto de potenciar las capacidades individuales de cada alumno. Para conseguir esto, es indispensable la colaboración decidida del profesorado, por lo que se tiene que diseñar una educación que apoye y motive al profesorado. La LOMCE no sólo es que no avanza por esa senda, sino que retrocede justo en sentido inverso, con lo que, en vez de mejorar la calidad y reducir el fracaso escolar, como pretende, podría provocar todo lo contrario.