MILTON FRIEDMAN, Capitalismo y libertad, 1962:“Las tres grandes reformas que hay que emprender son: privatizaciones, desregulaciones gubernamentales y recortes en el gasto social. Pueden ser impopulares, pero son inevitables para conseguir el equilibrio de mercado...”

Las medidas de política económica que está adoptando el gobierno, en muchos casos, nada tienen que ver con las que contenía el programa electoral a favor del que votaron mayoritariamente los ciudadanos. Para justificar los reiterados incumplimientos de sus promesas electorales, nuestros gobernantes alegan motivos diversos y, a veces, hasta inconsistentes o contradictorios: en ocasiones nos dan a entender que se han visto obligados a hacer lo que no querían, y que estos sacrificios nos vienen impuestos por Europa y los mercados, o son consecuencia de la herencia recibida; también llegan a afirmar que, aunque dolorosas e impopulares, representan acciones imprescindibles para salir de la crisis, y construyen un discurso basado en meras especulaciones que parecen sacadas de la literatura de ficción, ya que utilizan el recurso de la ucronía, como cuando señalan que estaríamos peor si no se hubieran tomado estas decisiones que nos han salvado de mayores desastres, o se refugian en la utopía, pidiéndonos que creamos en una futura mejoría; asimismo, lejos de excusarse, se vanaglorian de haber emprendido con rapidez y valentía las reformas estructurales que necesita nuestro país, que curiosamente coinciden con las que proponía Milton Friedman hace más de 50 años, como se puede comprobar en la cita de la cabecera; incluso pueden negar la mayor, y desmentir que se haya practicado ningún recorte en los derechos sociales de los ciudadanos, sino que lo que han hecho es aplicar criterios de racionalización económica para garantizar la economía de bienestar o unos servicios públicos sostenibles.

Hay que partir de la base de que, a pesar de que se han realizado muchas investigaciones y estudios al respecto, existen muchas discrepancias entre los economistas en cuanto a las políticas más adecuadas para prevenir o combatir la inestabilidad económica y las crisis. Las causas que explican estas divergencias se relacionan principalmente con el hecho de que las teorías económicas que sustentan las “recetas” de política económica contienen abundantes juicios de valor o no están suficientemente contrastadas. Un ejemplo de estas controversias es la que mantienen los monetaristas y keynesianos en torno a la intervención del Estado en la economía.

La escuela keynesiana es un movimiento que surgió en apoyo de las tesis del economista inglés Jonh Maynard Keynes, quien defendía que el gobierno debe adoptar medidas estabilizadoras para contrarrestar las fluctuaciones crónicas que padece el sistema de economía de mercado. Es considerado el economista más influyente del siglo XX y hay pocos estudiosos de esta ciencia que cuestionen que el importante crecimiento económico experimentado por los países occidentales a partir de 1950 se haya debido, en gran medida, a la aplicación de la política económica keynesiana. Pero, cuando estos países entraron en crisis en la década de 1970, un número importante de economistas responsabilizó al keynesianismo de los desequilibrios que surgieron en aquella época, con lo que empezó a remitir la influencia del keynesianismo y, paralelamente, comenzó a ganar terreno el monetarismo, hasta ocupar una posición dominante en la actualidad.

Milton Friedman, economista norteamericano galardonado con el premio Nobel de Economía en 1976, es la figura más destacada de la corriente monetarista. Los dos postulados esenciales de esta escuela, que, a su vez, sirven de fundamento al neoliberalismo económico, son: la plena confianza en el mercado como mecanismo para asignar recursos de manera eficiente y la prioridad absoluta del presupuesto equilibrado y la estabilidad de los precios como objetivos de la política económica. Friedman y sus seguidores tenían la firme convicción de que

las economías de mercado estaban muy distorsionadas por la intervención del gobierno, por lo que se hacía necesario una vuelta al capitalismo puro, y la única manera de conseguirlo era infligir deliberadamente dolorosos shocks mediante decididas políticas de austeridad en el gasto público, con el fin de que, dejando el mercado a su libre albedrío, alcance el equilibrio.

Representan, por tanto, dos posturas abiertamente enfrentadas: por un lado, los keynesianos plantean que, cuando la economía atraviesa una etapa de recesión como la actual, en la que existen unos altos niveles de desempleo, el gobierno debería aplicar medidas de política fiscal expansiva, es decir, tendentes a estimular el crecimiento, concretamente, recomiendan incrementar el gasto público aun a sabiendas de que la menor recaudación de impuestos por la caída de la actividad económica eleve el déficit público, que, para ellos estaría justificado. Los monetaristas, por el contrario, señalan que si en una situación recesiva crece el gasto público, al final, se tendrán que subir los impuestos, se crearán tensiones inflacionistas y se producirá un efecto desplazamiento que será perjudicial –porque el sector público restará oportunidades de negocio y financiación al sector privado-. En definitiva, según éstos, las políticas fiscales expansivas, en lugar de impulsar la actividad económica, provocarán el efecto contrario, el estancamiento de la economía con inflación –lo que se llama en Economía estanflación-, por lo que abogan por la austeridad en el gasto público, con el fin de conseguir el equilibrio presupuestario, y que el sistema se reoriente hacia una economía de libre mercado sin intervención del gobierno.

Friedman propuso por primera vez en 1975, cuando era asesor económico de Pinochet en Chile, la aplicación de este tratamiento económico que lo calificó con el nombre de terapia de choque, y que consistía esencialmente en recortar drásticamente el gasto social, privatizar las empresas y los servicios públicos y desregular la economía. El objetivo que se perseguía era provocar una súbita contracción que, según él, haría que la economía se recuperase rápidamente. Contrariamente a lo que Friedman predijo con excesivo optimismo, la crisis duró años, no meses.

Como causar o agravar una recesión o una depresión es una idea brutal e impopular, pues conlleva provocar pobreza generalizada, Friedman advirtió que, para que se pueda poner en práctica este tipo de terapia en un sistema democrático, es necesario que se produzca una crisis –real o percibida- de suficiente gravedad; de ese modo los gobernantes se hallan liberados para hacer lo que sea necesario –o lo que se considere como tal-. Por este motivo aconsejaba que había que aprovechar momentos de trauma colectivo para aplicar medidas de terapia de choque y lograr una transformación radical de signo neoliberal.

Además, según los propios promotores de esta política, el shock económico funciona de acuerdo con la teoría del ataque militar por sorpresa: las personas pueden desarrollar respuestas a los cambios graduales, pero si se aplican todas las medidas radicales súbita y simultáneamente, les invade una sensación de inutilidad y la población acaba por cansarse y ablandarse.

Esto mismo es lo que están haciendo en Europa y, más concretamente, en España los gobiernos, que, aprovechando la oportunidad de la crisis económico-financiera, se han apresurado a imponer irreversiblemente las reformas económicas y sociales antes de que la sociedad pudiera reaccionar.

Así, cuando algunos analistas empezaron a culpar de la crisis a los bancos, a los mercados financieros y a la falta de controles en el sistema financiero, y se sugirió la necesidad de refundar el capitalismo, dotándole de normas que regulen los mercados a favor del interés general; el neoliberalismo, se empezó a movilizar, para contrarrestar el posible resurgimiento de la corriente intervencionista, y aprovechando la oportunidad que ofrecía la crisis, defendió un cambio de signo contrario, de vuelta hacia el capitalismo puro, partiendo de un diagnóstico diferente de la situación, que señalaba como origen de la crisis el exceso de sector público y la economía de bienestar, y del que se derivaba que era ahí donde había que recortar.

El neoliberalismo se apoya en una retórica que defiende sus planteamientos como los únicos realistas o posibles. De ahí viene la expresión de “pensamiento único”; porque, para esta corriente económica, no existe alternativa. Presentan sus soluciones como inevitables, por muy impopulares que puedan ser, y cualquier alternativa es tachada de utópica, anacrónica o irreal. A pesar de que los hechos se muestran tozudos y no se produce el crecimiento anunciado, no aumente el empleo ni se remonte la crisis, se sigue asegurando que es la única manera de salir de la crisis. Las autoridades se aferran a que la situación económica mejora porque se está reduciendo el déficit. Sostienen que los sacrificios no están resultando estériles, ya que vamos por el buen camino hacia el equilibrio presupuestario, considerado como un fin en sí mismo. Los más radicales defensores del liberalismo económico aducen que, para ver resultados de forma inmediata, se debe profundizar más aún en los recortes, en las privatizaciones y en el desmantelamiento del Estado.

KEN ROBINSON, El elemento, 2009: “En los sistemas educativos se produce una creciente dependencia de determinados tipos de evaluación. Se somete a los niños a una presión enorme para que cumplan los niveles cada vez más altos de una reducida serie de pruebas estandarizadas...”

Una profecía autocumplida o autorrealizada -expresión creada por el sociólogo Robert K. Merton- es una predicción que, una vez enunciada, es en sí misma la causa de que se haga realidad debido a que se desencadenan una serie de circunstancias favorables para que se cumpla. Un ejemplo típico es pronosticar la quiebra de un banco; esto provocará una gran alarma entre sus clientes, que irán a retirar masivamente los depósitos, haciendo que la entidad financiera no le quede más remedio que declararse en bancarrota. Otro ejemplo, en el campo de la educación, es el llamado efecto pigmalión, demostrado por Rosenthal a través de un experimento que realizó en una escuela. Este término procede de un mito griego, según el cual se relata cómo un escultor llamado Pigmalión se enamora de una de sus propias creaciones, Galatea, una estatua que encarnaba a la mujer de sus sueños. Afrodita, accediendo a las plegarias de Pigmalión, le otorga vida a la estatua. Valiéndose de este símil, el citado investigador llegó a la conclusión de que las expectativas de un profesor influyen en el comportamiento de los alumnos. Este efecto se explicaría por el hecho de que los profesores, consciente o inconscientemente, se forjan opiniones acerca del rendimiento de los diferentes alumnos y, en consecuencia, los tratan de forma distinta de acuerdo con dichas presunciones. Es posible que el profesor, a los alumnos que considera más capacitados, les dé más y mayores estímulos, con lo que responderán de forma positiva, esforzándose más, confirmando así el presentimiento del profesor. Lo contrario ocurriría si el profesor tiene un mal concepto de un

alumno, se implicará menos en su proceso de enseñanza y el esfuerzo del alumno se resentirá. En definitiva, la profecía autocumplida es uno de los sesgos en que incurrimos los humanos al comportarnos según nuestras expectativas, que, asimismo, influyen en la actitud de otros para que se cumpla. Este prejuicio es aún más acusado en los políticos, que actúan condicionados principalmente por su ideología. Ése es el modo de proceder de las autoridades educativas en este último año, que, primero, se dedicaron a transmitir a la sociedad el mensaje de que el sistema educativo español no funcionaba y, a continuación, aplicaron recortes que redundaron en el deterioro de la calidad. De esta manera se fueron sentando las bases para justificar la necesidad de reformarlo todo, de arriba abajo, de acuerdo con un sesgo ideológico, el pensamiento neoliberal.

Los sectores neoliberales consideran que la educación, al igual que todos los servicios públicos, se tiene que regir por criterios económicos, especialmente, por la eficiencia y la competitividad, para lo que promueven la gestión privada de los mismos, ya que, según ellos, de esta forma se consiguen mejor dichos objetivos.

Es fácil constatar que el anteproyecto de la LOMCE se ha elaborado inspirándose en esta corriente del pensamiento; sólo hace falta analizar algunos de los fundamentos sobre los que se asienta esta ley, como el principio de libertad de elección de centro y la concepción de la calidad educativa, que, para los redactores del borrador, debe medirse en función del “output” (resultados de los estudiantes) y no de los “inputs” (recursos).

La libertad de elección de centro docente constituye el núcleo básico de las políticas educativas neoliberales. Se presenta como un derecho que tienen los padres a elegir libremente la educación que consideren más adecuada para el desarrollo intelectual y moral de sus hijos. Expresado así, difícilmente se puede encontrar a alguien que plantee objeciones a esta declaración de buenas intenciones. Incluso, por si acaso quedaba algún escéptico, se añade que, de este modo, se va a garantizar la igualdad de oportunidades, por la posibilidad que ofrece a los sectores sociales más desfavorecidos para elegir mejores escuelas que las que actualmente tienen en los barrios periféricos.

No obstante, al enumerar las finalidades que se persiguen se aducen razones que reproducen fielmente la lógica del libre juego del mercado y la competencia, con lo que la educación parece que se coloca únicamente al servicio de la economía. Según sus impulsores, la libertad de elección de centro favorecerá fundamentalmente la consecución de los siguientes objetivos: a) la mejora de la calidad, b) el incremento de la variedad de ofertas y c) la reducción de los costes. La mejora de la calidad se conseguirá gracias al establecimiento de la libre competencia entre los centros docentes, es decir, al esfuerzo de éstos por asegurarse el alumnado que garantice su existencia, una cuota de mercado lo más amplia posible, un prestigio social o el acceso a determinados fondos públicos. La diversidad de ofertas educativas se logrará como consecuencia de la necesidad, impuesta por el mercado educativo, de que los centros diferencien sus proyectos como hacen las empresas con sus productos, y, así, se ajustará la oferta a la demanda. La reducción de los costes se alcanzará gracias a la gestión más racional de los recursos existentes, para lo que competirán los centros públicos y los centros concertados.

Expuesta la teoría, hay numerosos estudios realizados en los países en los que se ha implantado la libertad de elección y la zona única que no hacen sino confirmar lo que indican la lógica y el sentido común, a saber:

- Las dos primeras razones que determinan la elección de un centro docente son el emplazamiento y la composición social del alumnado, con lo que la aplicación de este principio parece tener un efecto estratificador en función de la clase social y la raza.

- No son los padres los que eligen realmente centro, sino unos pocos centros los que eligen a sus alumnos; los centros que tienen mayor demanda son los que seleccionan a los alumnos, y los demás recogen a los que aquéllos hayan desechado.

- Se intensifican las desigualdades sociales existentes, ya que los padres mejor informados, generalmente de mayor nivel económico, son los que llevan a sus hijos a las mejores escuelas.

- Los centros de baja calidad no desaparecen; al contrario, pierden los mejores alumnos, y tienen que acoger a los de menor rendimiento académico, a los más conflictivos, a los más necesitados de atención individualizada y, en definitiva, a los que implican mayor coste y dedicación, sin disponer de medios y recursos para hacer frente a esta situación, con lo que su calidad desciende, degradándose todavía más.

- No es posible acomodar en un corto plazo la oferta a las evoluciones de la demanda, es decir, no se pueden ampliar de forma inmediata aquellos centros docentes que tienen una demanda más alta y cerrar aquéllos otros poco demandados.

- Tampoco hay ningún dato concluyente en estos estudios que pruebe la reducción de costes cuando se implanta este principio, sino que, en algunos casos, ha ocurrido todo lo contrario. Lo que sí se ha producido es un trasvase de recursos de los centros públicos a los centros de titularidad privada.

En definitiva, las consecuencias reales han sido en determinados casos justamente las opuestas a las que mantienen sus promotores. Teniendo en cuenta todo lo anterior, tras las opciones ideológicas que proponen el establecimiento de un clima de competitividad entre los centros docentes y la consiguiente libertad de elección de centro, para muchos, se esconde una apuesta firme por la potenciación de los conciertos educativos y por la privatización, intención que vuelve a hacerse patente al desgranar los otros postulados que sustentan la proyectada reforma educativa.

Como ya se ha dicho anteriormente, para los ideólogos de la LOMCE, el sistema educativo y la educación atraviesan hoy una profunda crisis, que no es de generalización o extensión, es decir, de cantidad, sino de calidad y de eficiencia. Tampoco es una crisis producida por la falta de recursos. Estos son suficientes, según ellos, incluso más que suficientes ya que cada vez llegan a las aulas menos niños y niñas. Opinan que se trata de una crisis gerencial, de gestión, cuya solución precisa un empleo eficiente y productivo de los recursos asignados, no su incremento.

Por eso proponen que, para mejorar el sistema, una vez constituido el mercado educativo competitivo, se debe llevar a cabo la evaluación de los centros docentes, como un instrumento que sirva para la asignación de recursos -bajo la creencia de que se esforzarán al máximo por conseguir más recursos-, y el establecimiento de un “ranking” público, en función de los resultados académicos obtenidos por los alumnos, a fin de orientar a los padres en su elección. En estos planteamientos se emplean de forma conjunta e indistintamente dos conceptos de calidad educativa distintos. Uno es el de la calidad como satisfacción de las familias. Según esto, lo único importante es que el alumno y los padres se sientan satisfechos con el servicio recibido. Si están satisfechos, la calidad es alta, si no lo están, la calidad es baja. La calidad, por tanto, no es algo que se refiera al servicio en sí mismo, sino a una sensación o satisfacción subjetiva de las personas que demandan el servicio educativo en cuestión. Si no están contentos lo que tienen que hacer es dejar ese centro docente y elegir otro. Como en el caso de las empresas, las técnicas de marketing y de promoción adquieren gran relevancia en este contexto con objeto de dar a conocer la oferta diferenciada de cada centro y proyectar una buena imagen ante la sociedad. El otro concepto de calidad al que también se recurre es el de la calidad como medida del rendimiento académico o de los resultados. Y es justamente este concepto de calidad, de índole supuestamente más objetiva, el que sirve, como antes se dijo, para elaborar un “ranking” de los centros privados y públicos, que oriente a los padres, y para tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos públicos, dando más a los que mejores resultados obtengan. Este es, además, el concepto de calidad que sustenta la tesis del descenso del nivel académico del alumnado que los sectores neoliberales vienen sosteniendo en las últimas décadas, y que, precisamente, la utilizan como justificación para defender una mayor intervención gubernamental en el ámbito del currículo, algo que pone de manifiesto un claro afán de adoctrinamiento y entra en contradicción con los principios de desregulación y de autonomía de los centros, que dicen defender a ultranza.

A propósito del principio de autonomía, en su versión neoliberal se utiliza para hacer que la calidad pase a ser responsabilidad exclusiva de los centros docentes, es decir, de los profesores y, sobre todo, de la dirección del centro docente. El director se convierte en un gerente, cuyo éxito se mide comparando los resultados académicos de su centro con los de otros y, sobre todo, con la mayor o menor demanda o cuota de mercado que se alcanza. El centro docente, con independencia de su titularidad pública o privada, es considerado como una empresa en un mercado competitivo, en el que los mejor gestionados son, teóricamente al menos, los más demandados (o en el que, si se prefiere, los más demandados son los mejor gestionados y los que mejores resultados obtienen). Desde esta perspectiva se desplaza la cuestión de la calidad de la educación del ámbito político o público al privado o particular del centro educativo.

El trasfondo ideológico del neoliberalismo es un neodarwinismo en el que la sociedad selecciona “naturalmente” a los mejores, en el que la cuestión de la desigualdad deja de ser un asunto social que deba preocupar a los gobiernos, y en el que el éxito y el fracaso sociales son una responsabilidad individual, privada. Los mejores triunfan porque saben competir y porque son mejores, o, si se prefiere, la prueba de que son mejores es precisamente que triunfan. Los peores, a su vez, fracasan porque no saben competir y no toman las decisiones adecuadas. La prueba de que son peores es justamente ésa, que fracasan. La responsabilidad es suya y cada uno, en el fondo, tiene lo que se merece.

Finalmente, en la LOMCE, la evaluación va a tener un marcado carácter normativo y restrictivo. La evaluación será normativa, porque su objeto será seleccionar a los centros educativos y a los alumnos, incluso de etapas obligatorias. Evaluar con referencia a una norma significa comparar el resultado del individuo con los resultados de una población o grupo a los que pertenece. Este tipo de evaluación se utilizará para ubicar a los alumnos y, en consecuencia, a los centros en escalas de rendimiento y atribuirles un lugar dentro del grupo. Y, además, será restrictiva porque se centrará en el examen y la consiguiente calificación y clasificación, primero, de los alumnos, y, en base, exclusivamente, a estos resultados, también de los centros, sin tener en cuenta las circunstancias socioeconómicas del contexto en el que se

desenvuelven. Por consiguiente, la LOMCE pone gran énfasis en la evaluación sumativa, desapareciendo, de este modo, la función formativa de la evaluación, en el sentido de que deja de servir para señalar cómo se puede mejorar el proceso educativo. Para reforzar más este rasgo, se introduce la reválida, que se va a utilizar como mecanismo de control externo del profesorado, a través de los resultados de sus alumnos, y va a suponer una segunda barrera para el alumnado. Aprobar la reválida va a ser condición indispensable para obtener el título de graduado en ESO y de Bachiller, confirmando, así, la eliminación de la evaluación continua, ya que no se va a tener en cuenta el esfuerzo o el trabajo diario del alumno.

Los exámenes son necesarios, pero, en sí mismos, sólo son útiles como parte de un diagnóstico del proceso educativo. Si se utilizan correctamente pueden proporcionar información fundamental para mantener y mejorar la educación. El problema se origina cuando esas pruebas se convierten en algo más que una simple herramienta educativa y pasan a ser el centro de la educación. Las pruebas de evaluación por sí solas no mejoran la educación ni reducen el fracaso escolar que se quiere combatir. Es como si para engordar nos soltamos el cinturón un agujero más. La mejora de la calidad y la reducción del fracaso escolar se conseguirán enriqueciendo y diversificando el proceso de enseñanza, previo a la prueba, con objeto de favorecer el progreso del alumnado. En este sentido, se han hecho diversos estudios que señalan el impacto negativo del exceso de exámenes sobre la moral de los alumnos y de los profesores. Uno de los efectos principales es que se pone freno a la innovación y a la creatividad en la educación. Los profesores se centran principalmente en la preparación de los exámenes en vez de dedicarse a enseñar.

Pero, al margen de las repercusiones en la educación, los exámenes son un gran negocio, que reportan cuantiosos beneficios a las compañías privadas que crean, administran y califican los exámenes. En conclusión, se trata de otro ejemplo flagrante de profecía autocumplida. Primero se da por sentado que el actual sistema educativo es obsoleto, ineficaz de cara a las exigencias del mercado y, sobre todo, insostenible en tiempos de crisis; y, a continuación, se han ido creando las condiciones propicias para que se produzca la reforma hacia el modelo que desean nuestros gobernantes. Las expectativas que manejan básicamente consisten en que, una vez depauperada la escuela pública como consecuencia de esta política, sólo resta divulgar sus pobres resultados para fomentar el progresivo desplazamiento de la demanda social de los centros públicos a los privados, lo que justificaría la extensión de los conciertos a los segundos para adecuar, como mantienen los neoliberales, la oferta a la demanda. No creo que se persiga la desaparición del sector público, sino que, más bien, se pretende que los centros públicos se centren en atender, sobre todo, al alumnado con necesidades educativas o con dificultades de aprendizaje, es decir, a quienes sean rechazados por el sector privado o no hallen acomodo en el mismo, así como que se mantengan como la única opción existente para dar servicio a aquellas zonas, como las rurales, que no son rentables para la iniciativa privada.

Para finalizar, voy a referirme a aquellos expertos que opinan que la educación no necesita que la reformen, sino que es necesario que la transformen. Éstos declaran que la clave para esta transformación no es estandarizar la educación sino personalizarla, con objeto de potenciar las capacidades individuales de cada alumno. Para conseguir esto, es indispensable la colaboración decidida del profesorado, por lo que se tiene que diseñar una educación que apoye y motive al profesorado. La LOMCE no sólo es que no avanza por esa senda, sino que retrocede justo en sentido inverso, con lo que, en vez de mejorar la calidad y reducir el fracaso escolar, como pretende, podría provocar todo lo contrario.